Los rectores de las universidades nacionales que conforman el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alertaron que si se prorroga a 2024 el presupuesto de 2023 sin modificaciones, el dinero destinado a las casas de altos estudios alcanzará solamente hasta abril. El cálculo que hacen no es complicado: el presupuesto del año que finaliza fue de 752.000 millones de pesos y con las proyecciones de inflación, un monto equivalente para este año rondaría los 2,5 billones de pesos. Esa es la cifra que el CIN envió a la Secretaría de Educación, pero hasta ahora no han tenido respuesta.
El silencio del gobierno es previsible. No quiere ampliar el presupuesto. Pero también se entiende perfectamente que no modificar el presupuesto significa, en la práctica, considerando la inflación de 2023 y la de 2024, que se pronostica será aún mayor, reducir las partidas para las universidades a un tercio o menos quizás. «Lo que pedimos no es un presupuesto aspiracional, ni apuntamos a que con esto las universidades vayan a desarrollarse y crecer, sino que es el mínimo para abrir las puertas, porque vamos a tener un problema muy grande cuando haya inconvenientes con las tarifas, los comedores universitarios, las becas o los insumos para investigación», sostuvo Víctor Moriñigo, rector de la Universidad de San Luis. En ese sentido, aseguró que en caso de reiterarse el presupuesto 2023 «nos va a alcanzar para cuatro meses».
Con la asunción del nuevo presidente, desapareció el Ministerio de Educación de la Nación. El área fue degradada a Secretaría, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Sus autoridades se reunieron la semana pasada con el Comité Ejecutivo del Consejo que congrega a los rectores. La voluntad de diálogo expresada por las nuevas autoridades nacionales entusiasmó a los rectores, pero el silencio actual cambió el optimismo inicial por preocupación.
Por cierto, la brusca disminución de los recursos afectará no solo el funcionamiento habitual, sino también la pauta salarial. Y ni el sector docente ni el nodocente están dispuestos a resignar ingresos. Con estos números, la litigiosidad sindical está garantizada. Por lo pronto los gremios han solicitado ya formalmente la reapertura de las paritarias para comienzos de febrero.
Las universidades argentinas pueden realizar ajustes presupuestarios en un marco de austeridad generalizado. Se sabe que hay algunos despilfarros que pueden y deben, evitarse. Viáticos internacionales muchas veces injustificados, por ejemplo. O congelar nombramientos en determinadas áreas, muchas de las cuales tienen personal de más. O reducir gastos de movilidad, compras de vehículos u otros ahorros que no impliquen afectar las funciones académicas y de extensión que cumplen las universidades y que se vinculan con la imprescindible construcción de conocimiento y aportes al desarrollo de las comunidades en las que están insertas.
Pero es imposible que las universidades funcionen con un recorte como el anticipado, es decir, si se mantiene de un año para otro el presupuesto en medio de una inflación altísima. Aunque insisten con un ajuste brutal, en el gobierno admiten la inviabilidad. De modo que es muy probable que haya flexibilidad en las negociaciones, porque no es conveniente para las nuevas autoridades enfrentar un parate generalizado de la educación superior a los pocos meses de haber asumido en sus funciones. Habrá que esperar a febrero, cuando la comunidad universitaria regrese de las vacaciones estivales y se encuentre con los recursos menguados.
Fuente: El Ancasti
