En un contexto signado por la incertidumbre sobre la profundidad traumática del ajuste que se propone hacer Javier Milei y una fragmentación que lo afecta tanto a él como a sus antagonistas, sobresalen algunas similitudes con el cambio de época que marcó en 2015 el acceso de Mauricio Macri a la Presidencia.
Como ahora no hay gobernadores que hayan sido aliados electorales de Milei, las inquietudes de quienes tendrán que administrar presupuestos son más generalizadas pero también en el inicio de la era Macri cundieron los interrogantes sobre lo que les esperaba a las provincias, sobre todo en distritos como Catamarca, que tenían signo político adverso al nacional.
Las provincias contaban en aquel entonces con un instrumento poderoso para maniobrar. La Corte Suprema de Justicia se aprestaba a dictar sentencia sobre los planteos por el 15% de la masa coparticipable que la Nación retenía para financiar la ANSES. El tribunal también tenía en boca de tronera la sentencia favorable a Provincia de Buenos Aires por el descongelamiento del Fondo del Conurbano Bonaerense.
Ante la certeza de que la Corte se pronunciaría a favor de las provincias en ambos casos, con el detalle de que Buenos Aires había quedado en manos de María Eugenia Vidal, Macri optó por la negociación política, devolvió el 15% a las provincias y acomodó el Fondo del Conurbano.
Los gobernadores obtuvieron oxígeno financiero que les dio mayor margen para negociar sus votos en el Congreso y los peronistas recibieron en 2019 un regalo adicional: el triunfo de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner volvió a colocar a la Rosada en su sintonía, con mayor facilidad para tramitar aportes del Tesoro y financiamiento para obras que les permitieran liberar sus ingresos por coparticipación engordados.
Con Milei no hay causas pendientes en la Corte y para colmo Sergio Massa deja la recaudación en picada del impuesto a las Ganancias como peludo de regalo. La preocupación sobre la actitud del Presidente hacia las provincias reaparece, más angustiante que en 2015, pero es preciso construir herramientas de negociación que suplanten aquellas sentencias inminentes.
Con el consenso de todos los mandatarios, sin distinción de banderías, se presentó ayer en el Senado nacional el proyecto de ley para coparticipar a las provincias la mitad de la recaudación del impuesto al Cheque. Tiene un solo artículo.
Los fundamentos consignan que la ley de coparticipación establece que “la masa de fondos a distribuir estará integrada por el producido de la recaudación de todos los impuestos nacionales existentes y a crearse” y marca solo excepciones.
Calculan que el costo fiscal general por el desplome de la recaudación de Ganancias sería del 0,83% del PBI, casi 3.000 billones de pesos.
“Esta medida le significa a las provincias resignar recursos por el equivalente a 0,48% del PIB. El impacto significaría el 50% del impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios vigente”, señalan.
Dado el complejo escenario económico, argumentan los representantes parlamentarios de las provincias, y que “el federalismo requiere acuerdos conjuntos para generar las condiciones de desarrollo en el marco de las autonomías provinciales orientadas al crecimiento económico, es necesario compensar la disminución de recursos necesarios para el sostenimiento de las cuentas públicas”.
La iniciativa es el primer cañón institucional concreto que se coloca en el Congreso, donde hasta ahora se vino operando para la designación de autoridades y reparto de parceles de poder parlamentarias.
No lo planta un partido o alianza, sino los gobernadores unidos por el espanto a la motosierra.
