BLINDAJE POLÍTICO ANTE EL CAMBIO DE GESTIÓN NACIONAL
Tanto en Diputados como en el Senado, el bloque opositor acompañó el proyecto de la Provincia. Paralelamente avanzó la readecuación de fondos destinados al pago de salarios del Poder Judicial.
A diferencia del año pasado, el Gobierno de la Provincia aseguró su presupuesto de fija en $1.008.579.238.319 para el próximo año con el acompañamiento del bloque de Juntos por el Cambio, tanto en Diputados (donde son la segunda fuerza con más votos) como en el Senado.
En la Cámara baja la oposición deslizó críticas, aunque respaldó el proyecto a fin de conjugar un mensaje político para tratar de blindar de alguna manera a la Provincia por el cambio de gestión en el Gobierno Nacional. Además, el presupuesto prosperó con la readecuación de fondos destinados al pago de salarios en el Poder Judicial.
En la Cámara baja, la oficialista Argerich fue la encargada de fundamentar la Ley de Leyes y las modificaciones que se le realizaron a la iniciativa original, entre ellas, la poda de recursos para la Justicia. Luego, el diputado radical Alfredo Marchioli señaló que, “con el traspaso de mando que va a ocurrir el 10 de diciembre a nivel nacional y bajo las incertidumbres de ciertas medidas económicas es importante, conveniente y oportuno que Catamarca cuente con el presupuesto general de la provincia, que tenga el mayor respaldo político posible para defender los intereses de los y las catamarqueñas”. “Por eso hemos tomado la decisión, a diferencia de años anteriores, de acompañar el presupuesto”, agregó.
En tanto, deslizó que “las cuentas no pueden quedar sometidas a la discrecionalidad de las asignaciones presupuestarias que tiene el Ejecutivo” en referencia a que, en el presupuesto se prevé una inflación que no se adecua a la realidad. A su turno, el peronista disidente Hugo “Grillo” Ávila lanzó cuestionamientos por la política minera para la explotación del litio ya que es “la entrega a muy bajo costo de nuestras materias primas y que nos podrían dar un presupuesto mucho más elevado”. Además, anticipó que no iba acompañar la Ley de leyes.
Por su parte, quien se menciona como la futura presidenta del bloque de la UCR, Silvana Carrizo, rescató el contexto del país por la “enorme incertidumbre y dificultad para hacer cualquier tipo de cálculo económico, es imposible proyectar o pronosticar en un entorno tan volátil”. “Aun así, consideramos que es importante para Catamarca contar con un presupuesto porque es importante para cumplir la función de Gobierno”, alegó.
La opositora también cuestionó “la falta de eficiencia de la ejecución de la obra pública”, puntualmente en lo que hace a “la infraestructura escolar, problemática que el Gobierno no pudo resolver”. En este orden de ideas, dijo que le preocupaba que se dependa de la toma de un empréstito “para poder terminar obras” y mencionó que la Provincia tiene reservas que oscilan entre los $30 mil y $37 mil millones. En cuanto a la poda de fondos de la Justicia, indicó que “no se trata acá de cuánto gana el Poder Judicial, se trata de cuan bajos son los salarios del resto de los trabajadores provinciales”.
La radical Natalia Herrera continuó por esa tangente para deslizar que “el recorte para algunos sectores ya está en marcha y si me equivoco, les preguntemos a los judiciales a quienes una vez más les tocó el recorte y cuando está cuestionado su desempeño por el letargo y la ineficiencia, la solución ideada es recortarle el presupuesto”. A la vez, rescató la incertidumbre por el cambio de gestión a nivel nacional para deslizar que “es muy probable que estemos aprobando obras que no sabemos si los catamarqueños podremos disfrutar”. “Advertimos casi doscientas obras que se repiten en los planes de obra del año pasado”, agregó.
A su turno, Luis Lobo Vergara contempló que podría devenirse un conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial ya que existe un antecedente en 1996 que derivó “en una acordada donde la Corte de ese momento declaró inaplicable una ley de emergencia que recortaba los recursos de del Poder Judicial”. Sobre el final del debate, Enrique Cesarini (PRO) indicó que se debía dar al Ejecutivo el presupuesto como “la posibilidad de contar con herramientas que le posibiliten transitar este próximo período”.
