EDITORIAL
Pese a los avances registrados en la caracterización del trabajo infantil como una vulneración de múltiples derechos, entre algunos sectores de la población está naturalizado, y por eso persiste una tolerancia social que es imprescindible desterrar definitivamente.
Entre los derechos que el trabajo infantil vulnera se encuentra la educación. Muchos de los niños, niñas y adolescentes que trabajan abandonan la escuela, y, de los que continúan, un 40 por ciento tiene déficit educativo. Pero también se vulnera el derecho a la salud y a una vida acorde a la edad, lo que incluye tiempo para los juegos y la recreación y experiencias de socialización.
El fenómeno es mucho más visible en otros países de la región, pero también en Argentina las estadísticas escandalizan. Un informe realizado por el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA) y difundido a propósito de conmemorarse ayer, 12 de junio, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, indica que trabajan en el país aproximadamente 1,3 millones de niñas, niños y adolescentes de ente los 5 y los 17 años, lo que representa casi el 15 por ciento de ese segmento etario. Los datos corresponden al segundo semestre de 2022. A nivel internacional, según las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Unicef, son 160 millones las niñas, niños y adolescentes que trabajan.
El trabajo de la UCA especifica que las tareas que prevalecen en el caso de las mujeres son las del trabajo doméstico intensivo, como limpiar, lavar, planchar, cocinar, realizar las compras y cuidar de los hermanos, mientras que en el caso de los varones las labores se vinculan con actividades económicas que realizan por su cuenta o prestando servicios en emprendimientos de familiares o conocidos. Consigna, además, que en el caso del empleo doméstico es transversal a todas las regiones, mientras que en el caso del trabajo económico la localización preponderante es el interior del país.
La eliminación de todas las formas de trabajo infantil en el año 2025 es una de las metas fijadas entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Faltando dos años, la meta será muy difícil de cumplir. Las cifras en la Argentina venían disminuyendo notablemente en las primera dos décadas de este siglo, pero la pandemia volvió a incrementarlas: muchos chicos y chicas dejaron la escuela durante la etapa más dura de restricciones de circulación y un porcentaje importante se volcó a trabajar para ayudar al sostén económico de sus familias.
Las políticas de prevención y control que desarrollan los gobiernos en sus niveles nacional, provincial y municipal para evitar el trabajo infantil son fundamentales, pero también es competencia ciudadana denunciar los casos de explotación de este tipo. La indiferencia favorece la continuidad de estas prácticas que arruinan vidas prematuramente.
Fuente: El Ancasti
