POR SU ACCIONAR EN LA INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN DE JUAN CARLOS ROJAS
La Justicia Federal desestimó el recurso planteado por la defensa del fiscal para suspender el juicio político.
Luego de más de cinco meses de que se presente la denuncia en su contra, hoy se iniciará el jury contra el fiscal del Instrucción Nº2, Laureano Palacios. El funcionario judicial que llega al jury suspendido de sus funciones está acusado de «mal desempeño de sus funciones» por su accionar en la primera parte de la investigación penal preparatoria por el asesinato del exministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas. La presentación en su contra había sido realizada por referentes de la oposición en el mes de diciembre del año pasado.
El juicio público contra el funcionario judicial ante el Tribunal de Enjuiciamiento contra magistrados y miembros del Ministerio Público se desarrollará en el edificio de la Escuela de Capacitación Judicial a partir de las 9 y se espera que culmine entre el jueves y el viernes.
Un total de 30 personas fue convocado a prestar declaración en calidad de testigos. En este sentido, el fiscal del Jury, Miguel Mauvecín, ofrece como testigos al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni, a su hermano, el diputado Maximiliano Mascheroni, también al dirigente gastronómico José Luis Barrionuevo y a los hijos de Juan Carlos Rojas: Natalia, Fernando y Mónica Rojas.
Por su parte, la defensa de Palacios ofrece los testimonios del procurador de la Corte, Tristán Lobo, y el fiscal general en Comisión, Alejandro Dalla Lasta Baroni, a quien también la oposición pidió que se le inicie un jury en su contra. Además, se citará como testigos ofrecidos en común por ambas partes a los peritos Tomás Elías Rodríguez y Ricardo Alberto Tapia, a la médica Daniela Raquel Miranda Zar, a la diputada Marina Andrada, a la ministra de Seguridad, Fabiola Segura, al fiscal Hugo Leandro Costilla, Juan Pablo Cangi y Sebastián Vega. Varios de ellos intervinieron en las primeras horas de la investigación del asesinato de Rojas.
Último rechazo
La defensa de Palacios a cargo del abogado José Camps presentó un recurso de amparo ante la Justicia Federal para suspender el inicio del juicio contra el fiscal. Sin embargo, dicho pedido fue rechazo por «la incompetencia del fuero federal».
Camps había interpuesto una acción de amparo en el Juzgado Federal N°2 en contra el Gobierno provincial por actos cometidos por el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia en el proceso contra Palacios.
En este sentido, pedía la suspensión del proceso de enjuiciamiento por considerar que no se respetaron las garantías constitucionales para el debido proceso, además de que hay prueba que todavía debe producirse antes de llegar al jury.
En su fallo, el juez federal Nº2, Guillermo Díaz Martínez, fundamentó su negativa al sostener que «por ser la remoción de magistrados y miembros del Ministerio Público de competencia privativa y excluyente, en este caso, de la Provincia de Catamarca, materia que no ha sido delegada al Gobierno Federal, la incompetencia del fuero federal en consecuencia, y conforme lo normado por los artículos 121 y 122 de la Constitución Nacional, resulta en tal estado manifiesta y así se impone declararlo». No obstante, aclaró que «las cuestiones involucradas puedan ser sometidas, una vez fenecida la causa en el fuero provincial, a la jurisdicción y competencia de la Corte Federal, con motivo del Recurso Extraordinario».
Antes de emitir su resolución, Díaz Martínez corrió traslado al fiscal general, Rafael Vehils Ruiz, que en idéntico sentido planteó que «en este caso particular, la materia objeto de la presente acción no resulta de competencia federal en tanto alude a actos emanados por una autoridad provincial, respecto de un procedimiento exclusivamente provincial, que refiere a la facultad del Estado provincial de elegir o destituir a sus magistrados, lo que a todas luces deviene materia ajena a la presente competencia federal».
