Ajuste, privatizaciones, mano dura y dolarización: la plataforma electoral de Javier Milei

La Libertad Avanza presentó sus propuestas

La agenda del diputado de extrema derecha incluye suprimir el gasto público, bajar la edad de imputabilidad, libre portación de armas y hasta la desaparición del Banco Central.

No hay letra chica en el escrito que presentaron los referentes libertarios. Sueñan con regresar al pasado y por eso aclaran sin tapujos que su misión es «volver a ser el país pujante que éramos a comienzos del año 1900». Para ello, proponen una reforma «integral», dividida en tres etapas, que llevará, según sus cálculos, 35 años. En la primera, se propone un «fuerte recorte del gasto público», «baja de los impuestos» y «flexibilización laboral»; que acompañarían una reforma financiera con una «banca libre y desregulada junto a la libre competencia de divisas». La segunda, promete barrer con el sistema público de jubilaciones y pensiones, promoviendo su privatización, un programa de retiros voluntarios, la eliminación de los planes sociales y la tan publicitada «liquidación del Banco Central». Ya en un tercer nivel, se avanzaría con la privatización de los sitemas de salud y educativo, con reformas profundas en ambos sectores. El Plan Motosierra en su máxima expresión.
También se avanzaría con la eliminación de las retenciones a la exportación y los derechos de importación. Asimismo, la reforma laboral apunta a reducir cargas patronales e imponer un «sistema de seguro de desempleo» que reemplace a las indemnizaciones por despidos sin causa. Lo que en la plataforma se vislumbra como «el fin de la industria del juicio».
En Salud, esto implica «arancelar todas las prestaciones», la «creación de un seguro universal» que sea «proporcional a la capacidad de pago del receptor del servicio», «que tanto profesional como paciente puedan pactar los honorarios a pagar» y la posibilidad de cobrar todos los gastos médicos a aquellos «residentes extranjeros que demuestren disponibilidad económica». En tanto, el sistema educativo público será reemplazado por un «sistema de vouchers», se incentivará la «competencia entre instituciones» y se modificará el estatuto docente para facilitar la «posibilidad de despido».

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