La continuidad de Francisco Gordillo en la Intendencia de Pomán es amenazada por su hijo, Nicolás, que pretende desplazarlo e inesperadamente cambió la respetuosa entonación que empleó al anunciar sus intenciones por una denuncia que dirigió, certero, hacia donde sabe que más puede dolerle a su progenitor: Agroindustria Pomán, primera sociedad del Estado municipal catamarqueña. Los litigios de sucesión dinástica suelen tener estos crueles bemoles.
Agroindustria Pomán es la niña de los ojos de Gordillo I, quien la fundó en 2018 para introducir a la comuna en el negocio aceitunero tras comprarle la planta pomanista al grupo Dulcor, que fabricaba allí los productos Vanoli y había decidido cerrarla debido a que la consideraba inviable. El costo de la operación fue de 23 millones de pesos pagaderos en cinco años, según el intendente con la propia producción que él lograría empinar allí donde los privados habían fracasado.
Ocurrió lo que era de esperar y Agroindustria Pomán se convirtió en otro de los clavos remachados que el Estado provincial debe financiar recurrentemente.
La historia del emprendimiento alcanzó cumbres del grotesco.
Un año después de meterse a aceitunero con dineros públicos, Gordillo restauró el instituto de las aduanas interiores y le cobraba a los productores de aceitunas de Pomán una tasa si querían vender su producción fuera del distrito. En 2021, liquidó en especie un crédito de 15 millones de pesos que le había otorgado la estatal provincial AICAT: 100 mil kilos de aceitunas que AICAT comercializaría a cambio del 3% de su valor.
Los decepcionantes resultados económicos de Agroindustria Pomán podrían deberse no solo a la incompetencia gerencial del municipio.
Nicolás Gordillo anticipó que presentará una denuncia penal por irregularidades en la administración de la firma, que perdió 30 millones de pesos porque tuvo que devolver tres equipos completos de aceitunas.
«No paga sueldos, empleados municipales, no paga energía eléctrica, no paga impuestos. Le subsidiaron la compra de fruta en $ 50 millones y ya van con $ 30 millones abajo, con la fruta de la gente, con la guita de los productores. Se va a dejar de preocupar la encargada Livia Orellana por las redes y va a empezar a preocuparse por no quedar detrás de las rejas. En época de crisis juegan con la guita de los productores y les pagan miserias por el fruto de todo un año para después tirarla así. Dar el siguiente paso también consiste en dejar de encubrir la gente que hace mal las cosas», dijo el joven.
El municipio desmintió estas imputaciones y dijo que “la señorita Livia Orellana no pertenece al directorio, no tiene firma autorizada ni maneja ningún tipo de fondos” ¿Quién será? Sale a responder la comuna, no ella.
Entre las reacciones en las redes sociales por la polémica, se destacó la de un dirigente pomanista del Sindicato de la Alimentación, quien señaló que Agroindustria Pomán no paga los sueldos conforme al convenio del sector. “Cualquiera pone en funcionamiento una fábrica con mano de obra precarizada”, señaló.
Cualquiera la pone, es cierto, pero por lo visto la Municipalidad de Gordillo tampoco puede sostenerla pese a todas las ventajas otorgadas.
Sea o no cierta la denuncia por enjuagues administrativos, lo que queda claro es la insolvencia estatal para jugar en el campo empresario cuando los objetivos económicos son suplantados por los políticos. Pomán funciona como una síntesis.
Está demostrado que Agroindustria Pomán tiene un efecto negativo sobre la actividad económica del departamento, con el agregado de que no la sostiene el erario pomanisto, ni mucho menos el bolsillo particular del Intendente, sino el provincial.
Todo para evitarle a Gordillo el trago amargo de tener que admitir el fracaso, cosa que se hace más difícil ahora que busca su séptimo mandato. Nicolás, sin embargo, parece decidido por lo menos a obligarlo a hacer buches.
No hay peor astilla que la del mismo palo.
Fuente: El Ancasti
