CAUSA STRATTON SIERRA SRL
La Cámara Federal de Tucumán pidió que sean investigados por lavado de dinero, asociación ilícita y estafas.
Los jueces integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmaron los procesamientos dispuestos por el juez Federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, para José Sierra (34) detenido con prisión preventiva y, Jésica Paola Véliz (34) sin prisión preventiva, en el marco de la causa Stratton Sierra SRL.
Los dos -señalados como propietario y gerenta-, están imputados como «coautores de intermediación financiera no autorizada agravada».
La Cámara declaró la competencia material del fuero Federal para llevar adelante la investigación por los delitos de «estafa» y «asociación ilícita», al tiempo que ordenó profundizar la investigación sobre «lavado de activos», tal cual lo había solicitado oportunamente el fiscal Federal de Catamarca, Rafael Vehils Ruiz.
La resolución de la Cámara fue emitida en las últimas horas en el marco de los recursos presentados por las defensas y la fiscalía, cuya presentación fue mantenida por el fiscal General ante la Cámara de Apelaciones, Antonio Gustavo Gómez.
Según fuentes judiciales, la Cámara dispuso además que -una vez devueltas las actuaciones al juzgado del juez Contreras, «el magistrado se expida en relación al delito de lavado de activos».
Al emitir la resolución, los cuatro camaristas argumentaron que “claramente Stratton SRL no contaba con la autorización del Banco Central de la República Argentina ni de la Comisión Nacional de Valores para operar en la forma en que lo hacía».
Explicaron además, que esta circunstancia «no fue impedimento para que captara del mercado las ingentes sumas de dinero que captó”, por lo que directamente confirmó los procesamientos de los responsables de la firma.
Sobre el delito de estafa, Contreras había considerado que los hechos investigados eran «escindibles y que existía un concurso real de delitos, los que deben ser investigados por separado por los tribunales competentes”.
«Entendemos que en el caso nos encontramos ante un concurso ideal de delitos, toda vez que los hechos son inescindibles entre sí y caen bajo la previsión de distintas figuras o tipos penales”, explicaron.
Consideraron además que “el delito de intermediación financiera no autorizada se habría verificado con el mero ofrecimiento por parte de la firma de un servicio para el cual no estaba autorizada a brindar, pero el mismo no puede ser separado del eventual lavado de activos y las eventuales estafas ya que todos podrían haber formado parte de un plan homogéneo, con un solo destino”.
Apartamiento
La Fiscalía había solicitado el apartamiento del juez catamarqueño, argumentando la existencia de una supuesta parcialidad de su parte. En este marco, los jueces consideraron que el hecho de que el magistrado no hubiera tratado la figura de lavado de activos no evidenciaba su “pérdida de imparcialidad”, por lo que rechazaron el planteo.
La causa
La investigación comenzó a mediados de marzo de 2022, cuando efectivos de la Policía de Catamarca que realizaban un control rutinario sobre la ruta nacional 38, a la altura de la localidad de La Viña, departamento Paclín, interceptaron un auto Chevrolet Cruze dominio AE595ZW en el que viajaba un familiar de Sierra junto a otras personas.
Al efectuar la verificación de la documentación, se dieron con que en el asiento trasero había una caja con fajos de billetes de mil pesos en un total de 8.120.000 pesos, que fueron incautados ya que no pudieron justificar su procedencia.
Poco después Sierra se presentó ante la Justicia y solicitó la devolución del dinero secuestrado, asegurando que era de su propiedad.
Paralelamente, decenas de personas concurrieron a la Justicia federal donde denunciaron a Sierra, informando que le habían entregado dinero en moneda nacional y extranjera. Los capitales habían sido ingresados a la firma Stratton S.R.L con la promesa de rentabilidades de entre 10% y 25% mensuales.
Bacchiani
En febrero de 2022, un mes antes del secuestro a Sierra, en el puesto caminero de Huacra, la Policía tucumana interceptó un auto en el que viajaban supuestos empleados de José Blas, ladero de Adhemar Bacchiani, con 97.750 dólares. El conductor del automóvil argumentó que el dinero había sido retirado de una financiera de Tucumán por pedido de su patrón.
En este caso, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, solicitó a Contreras que todos los bienes y divisas secuestradas relacionados con la quiebra de Edgar Adhemar Bacchiani y de su empresa Adhemar Capital SRL (incluidos los 97.750 dólares), en lugar de ser utilizados para resarcir a los acreedores, queden a resguardo de la Justicia Federal y sean utilizados para la investigación de causas de lavado de activos.
