CAUSA BACCHIANI
La solicitud de la Fiscalía abarca a otros bienes, para que no puedan ser ejecutados en el actual proceso de quiebra.
El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, solicitó al juez federal Miguel Ángel Contreras que todos los bienes y divisas secuestradas en el marco de la causa Federal contra Bacchiani, relacionados con la quiebra de Edgar Adhemar Bacchiani y de su empresa Adhemar Capital SRL, en lugar de ser utilizados para resarcir a los acreedores, queden a resguardo de la Justicia Federal y sean utilizados para la investigación de causas de lavado de activos.
En su escrito presentado la semana pasada, el fiscal salió al cruce de una resolución de Contreras emitida en abril, relacionada con el secuestro de 97.750 dólares en el puesto caminero de Huacra, en el límite de Catamarca con Tucumán, en febrero de 2022.
El dinero era transportado por un hombre que aseguró ser empleado en la firma «Fuegolandia», de Pablo Olmi, imputado en la causa Bacchiani como presunto pocero.
En aquel momento, el dinero quedó a disposición de la Justicia Federal de Tucumán. Con el paso de los meses, Contreras quedó al frente de la investigación de la causa que cuenta con denuncias de damnificados de varias provincias.
Bacchiani y su empresa fueron declarados en quiebra por el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecución de Segunda Nominación, a cargo de la jueza María Virginia Cano. Los acreedores fueron convocados y se fijó un cronograma de actividades que derivarían en el remate de los bienes secuestrados y posterior resarcimiento económico de las personas reconocidas y admitidas en el proceso de quiebra como “acreedores”. En este contexto, Contreras solicitó a su par tucumano que los 97.750 dólares, “que fueron puestos a disposición de este Juzgado y que serían de propiedad del imputado Edgar Adhemar Bacchiani; y en consecuencia al haber informado el síndico del proceso de quiebra la apertura de una cuenta bancaria en dólares, ordénese el depósito de los dólares secuestrados en la cuenta denunciada”.
Es decir, que sean depositados en la cuenta prevista en el marco de la quiebra. Vehils Ruiz consideró que esta medida no corresponde y argumentó que ese dinero estaría relacionado con el blanqueo de capitales y lavado de activos, delitos por los cuales fueron imputados Bacchiani y sus principales laderos, quienes son investigados por el fuero Federal.
El fiscal pidió al juez que revoque esa resolución y adujo que “no se pueden remitir los fondos, menos aún monetarios (dólares), a una cuenta de la causa llevada adelante por la Justicia ordinaria de Catamarca (quiebra del imputado Bacchiani), ya que tiene supremacía respecto de ellos la causa por lavados de activos”.
Y agregó: “Todos los secuestros de bienes y fondos monetarios, y/o monedas virtuales efectuados y que se efectuarán en la presente causa, deben ser resguardados y afectados al lavado de activos en investigación, sin que el fuero de atracción de la quiebra del imputado y/o de la sociedad sea oponible a los mismos, tal cual lo tiene resuelto en diversas oportunidades la jurisprudencia de nuestros tribunales”.
Citó una serie de convenciones y tratados internacionales en los que Argentina se adhirió y remarcó que de acuerdo al marco legal y jurisprudencia, la investigación de una conducta ilícita prevista en una ley federal debe priorizarse y mantener bajo la jurisdicción penal federal la orden de incautación, por estar comprometido un interés nacional de relevancia. Finalmente, solicitó al juez que en caso de rechazar el pedido, lo remita a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
La estética de Garcés Rusa
Al cierre de esta edición, fuentes judiciales informaron que el Juzgado Federal, a través de un oficio, advirtió al Juzgado que interviene en quiebra de Bacchiani y de su empresa, que éste sería socio de la firma «Estética Zaraive Multiespacio», perteneciente a su expareja, Zaraive Celeste Garcés Rusa y solicitó el embargo preventivo.
Se pudo conocer además que ayer, el juez Contreras solicitó al ARCa, que emita un informe de dominio del inmueble donde funciona la estética y que intimó a una testigo a que aporte un detalle pormenorizado sobre la facturación, gastos de honorarios y otra información relacionada con el funcionamiento de ésta.
Conflicto
Ante la posibilidad de que los inverores damnificados puedan ver disminuidas las posibilidades de acceder a un resarcimiento económico, el querellante Diego Figueroa explicó: “El derecho en principio es un sistema y la aplicación al caso concreto la hace el juez con un criterio reparador. Ocurrida la noticia criminal, el juez debe administrar el castigo correspondiente y recomponer el daño».
Sostuvo además, que «la ‘eventual’ coalición normativa y de control constitucional, es interpretada por el juzgador al caso concreto en donde está probado que los damnificados son los ahorristas y no el Estado, por más derecho convencional que se remarque”.
