El tribunal del Jury oficializaría hoy la apertura del juicio político contra el fiscal Laureano Palacios por los defectos en el inicio de la investigación del crimen del ministro Juan Carlos Rojas, que él niega.
Si bien el fiscal del Jury Miguel Mauvecín se abstuvo de acusar a su colega, y obra el precedente de Ramón Porfirio Acuña, cuya destitución fue anulada por la Suprema Corte de Justicia debido precisamente a esta deficiencia, la mayoría de los miembros del tribunal coincidieron con el criterio de que es preciso enviar un mensaje claro a la sociedad de que no se intenta montar un blindaje corporativo en torno Palacios.
La exhibición de las fotos del cadáver masacrado de Rojas, que sus hijos desplegaron en conferencia de prensa, terminaron de afianzar esta percepción tanto en el oficialismo como en la Justicia. El testimonio gráfico es brutal, no podían caber dudas de que se estaba ante una muerte violenta.
La conferencia de prensa fue un quiebre en el proceso.
El oficialismo salió de su letargo y ayer hizo acto de presencia en la marcha organizada por los hijos del malogrado ministro al cumplirse el cuarto mes del hallazgo del cadáver.
El gesto judicial sería avanzar con el Jury pese a que el fiscal Mauvecín lo consideró improcedente.
El principio político primó sobre el jurídico, y no es descabellado: se trata precisamente de un juicio político, y el desempeño de Palacios, más allá de cualquier formalidad, ha colocado a todo el sistema judicial en la picota.
Por otro andarivel corre la causa penal, donde aún no asoma una hipótesis firme. Esta incertidumbre obedece a la carencia pruebas e indicios orientadores, que se sostiene a pesar de la intervención en el caso de Gendarmería, la Policía Federal, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires.
Al fiscal Hugo Costilla se le empieza a hacer cada vez más imperioso determinar si el déficit probatorio se debe a la impericia o negligencia de quienes iniciaron la pesquisa o a una operación de encubrimiento. La pregunta podría formularse así: ¿La mala praxis fue deliberada?
Palacios argumenta que cumplió con todos los protocolos de la instrucción. Esta explicación fue admitida como suficiente tanto por Mauvecín, que no lo acusó, como por el Fiscal General Alejandro Dalla Lasta, que estuvo junto a él desde el minuto uno de los procedimientos y se inhibió por esto de actuar como fiscal del Jury.
El fiscal a punto de ser juzgado arguye además que nunca descartó la línea investigativa de la muerte violenta, ni se cerró en la muerte natural, cosa que se contradice con lo que asevera la familia Rojas.
Para Mauvecín, a labor de Palacios no afectó el plexo probatorio, pero Mauvecín carece de elementos que están al alcance de Costilla.
Cumplido el trámite de habilitar el Jury, a Costilla le quedará hacer el aporte complementario para parchar el perjudicado cuero de la corporación judicial, de la que es caracterizado integrante.
El esclarecimiento es, obviamente, el desenlace adecuado, que permitiría incluso, eventualmente, salvar a Palacios.
Pero si no es posible, explicar los motivos del fracaso del expediente le resultará indefectible para no quedar entrampado en la otra causa instigada por la familia Rojas, que es la del encubrimiento.
La convocatoria a testificar de la ministra de Seguridad Fabiola Segura, el ex jefe de Policía Ángel Agüero y los peritos marca al mismo tiempo la falta de pruebas como del intento de encontrar pistas sobre el supuesto encubrimiento o la mala praxis.
Salvo que asuma que los asesinos de Rojas perpetraron el crimen perfecto.
Fuente: El Ancasti
