La Policía Minera informó en agosto del año pasado que había reforzado los controles en las minas alarmada por el volumen alcanzado por el tráfico ilegal de rodocrosita. A esa altura del año, las fuerzas de seguridad habían incautado en diversos operativos 700 kilos de la piedra que se trasladaban sin la hoja de ruta correspondiente o con documentación adulterada.
La cifra que disparó la aflicción de las autoridades mineras en aquel momento es insignificante al lado de lo secuestrado en los procedimientos realizados esta semana en Andalgalá: 12 mil kilos, 17 veces más.
La investigación se aceleró a partir de la detención en el puesto caminero de Las Salinas de dos sujetos que trasladaban 12 kilos de la piedra en un automóvil. Las 12 toneladas fueron encontradas horas después en los allanamientos en los domicilios de los dos detenidos, ubicados en los distritos andalgalenses Huachaschi y Chaquiago. Allí se encontraron también precintos y otros elementos que indican una actividad sistemática y sostenida.
La investigación determinará desde cuándo los acusados vienen acopiando el mineral y qué terminales tiene el negocio, pero la cantidad es llamativa. No hay precedentes de secuestros de magnitud similar.
Teóricamente, solamente está autorizada para la extracción y explotación de la rodocrosita la empresa estatal CAMYEN, que trabaja el yacimiento Minas Capillitas y provee a los artesanos.
No hay datos fehacientes sobre la producción de la firma, que desde hace cuatro años experimenta una reorientación de su actividad y parece más interesada en el campo del litio.
En agosto del año pasado firmó un convenio con YPF para explorar 20.000 hectáreas en Fiambalá. Esta semana hizo lo mismo con la firma estatal india KABIL, para explorar 15 mil hectáreas en Cortaderas, también en Fiambalá.
La rodocrosita parece perder paulatinamente gravitación en la política gerencial de la estatal catamarqueña, pero los ingresos del litio son potenciales y es el usufructo de la producción de “Rosa del Inca” lo que supuestamente tendría que solventarla para la “autosustentabilidad” a la que se apuntaba como objetivo cuando fue creada hace más de 10 años.
El tráfico ilegal de la piedra, de tal manera, perjudica a CAMYEN en forma directa.
Sería lógico que intervenga en la causa judicial, como hizo la EC SAPEM en el caso del robo del tendido eléctrico en Pomán, e incluso inste las eventuales acciones civiles que correspondan.
Pero más allá de eso, que particulares hayan conseguido acopiar nada menos que 12 mil kilos de rodocrosita da la pauta de fallas importantes en los controles, más aún si se consideran los anuncios sobre su endurecimiento que se hicieron el año pasado.
Las autoridades de la División Policía Minera de Catamarca aseguraron entonces que se habían multiplicado los controles en las zonas de explotación y reforzado las capacitaciones al personal de las fuerzas de seguridad.
Si no fue solo jarabe de pico, el fracaso ha sido rotundo.
La cantidad de piedra sustraída al circuito legal es indicio de que existe una organización detrás de los dos hombres detenidos.
A la CAMYEN debería interesarle particularmente que la investigación judicial llegue hasta el final y sean identificados todos los responsables.
Y, además de evaluar si no hay defectos en su funcionamiento interno que faciliten el tráfico ilícito, procurar ante los ministerios de Minería y Seguridad que se establezcan mecanismos de control más eficientes
